COLOMBIA (AndeanWire, 20 de Abril de 2016) La decimocuarta entrega de la Encuesta Global de Fraude realizada por EY “Conductas indebidas – consecuencias individuales” evidencia el clamor mundial por incrementar la transparencia a medida que las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados financieros aumentan. Las amenazas del cibercrimen, el financiamiento del terrorismo y los actos de corrupción han puesto presión a los gobiernos para actuar y a las compañías para identificar y mitigar el riesgo de fraude, soborno y corrupción.
En este estudio fueron encuestados más de 3000 ejecutivos de 62 países. En Colombia fueron encuestados 50 empresarios de diferentes sectores de la industria, quienes resaltan la necesidad de conocer con quiénes hacen negocios.
La búsqueda de herramientas para lograr mayores índices de transparencia y cumplimiento en un ambiente de presión para las organizaciones, han hecho que la cooperación internacional para luchar contra la corrupción, el soborno y el fraude aumente. Sin embargo, hay datos que revelan que aún el camino es largo, pues el 42% de los consultados admitió que justificaría un comportamiento antiético si lo conduce a cumplir objetivos financieros y el 16% de los integrantes de equipos de finanzas, de rango inferior al CFO, contestó que justificarían un pago para conseguir o mantener un negocio.
Según Liudmila Riaño, socia de EY y líder del área Investigaciones de Fraude y Servicios de Disputa (FIDS por sus siglas en inglés) en Colombia, los resultados de la encuesta revelan que pese a los esfuerzos, la percepción de corrupción y fraude no baja, de hecho es mayor con respecto a la encuesta de 2014, donde el 80% de los empresarios colombianos considera que la corrupción y el soborno son prácticas presentes en el país.
A su vez, la encuesta también identifica una percepción de que en los mercados emergentes, que es el caso colombiano, los responsables de casos de corrupción no están respondiendo por sus actos. Por ejemplo, en Colombia el 48%, en Brasil el 70% y en África y Europa oriental el 56% de los consultados tienen la creencia de que así los gobiernos intenten enjuiciar a estas personas, no son efectivos a la hora de asegurar condenas. Pero esto no es solo por el actuar del gobierno, la transparencia y el cumplimiento debe pasar por todos.
En Colombia, los resultados de la encuesta reflejan que el 30% de los ejecutivos consultados estaría dispuesto a cometer actos no éticos para justificar un negocio, como falsificar los resultados financieros o hacer pagos indebidos. Liudmila Riaño, indica que este “resultado en Colombia está por encima del resto de los países de Sur América, lo cual refleja la necesidad de implementar programas proactivos y efectivos de ética en los negocios y cumplimiento corporativo que sean promovidos y adoptados desde la alta gerencia”.
Al respecto David Stulb, líder global de FIDS de EY, indica: “Lo que vemos claramente es que algunos empleados, con diversas motivaciones están preparados para malversar la información confidencial de sus compañías. El balance entre la privacidad de la información y la seguridad de la misma promueve complicaciones adicionales. Hacer frente a estas ciberamenazas y el uso indebido de información privilegiada por personas internas debería ser una prioridad elevada para la administración y las juntas directivas. A pesar de lo anterior, el 59% de los CFO ven el cibercrimen como un riesgo menor – una perspectiva que merece ser cuestionada”.
Acerca de EY
EY es líder global de servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría. Los aprendizajes y servicio de calidad que proveemos nos ayudan a construir credibilidad y confianza en los mercados de capital y en economías alrededor del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipos de alto desempeño con el propósito de cumplir a todos nuestros públicos objetivo. Al hacer esto, jugamos un papel crítico en la construcción de un mejor entorno de negocios para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades. Dos de los socios de EY sirven como miembros del IPSASB, organismo emisor de las Normas Internacionales para el Sector Público.
