VENEZUELA (AndeanWire, 25 de Abril de 2016) Desde su despacho en Caracas, el presidente de Fedecámaras, el zuliano Francisco Martínez, reiteró que “el sector empresarial no es el culpable, hoy por hoy, de la crisis”. “La gente que está en cola lo sabe, estamos intentando lo mejor”.
ndicó que el 2016 será un año “complicado” y que el 2017 está también “comprometido”. Aseguró que el mecanismo cambiario nuevo, de dos bandas, “no ha ayudado en nada”.
—¿Cuál es el diagnóstico de Fedecámaras sobre la economía del país, qué expresa el sector empresarial?
—Nos preocupa enormemente la situación del país (…) Las empresas privadas se han venido en un progresivo deterioro, de hecho hoy (el jueves) tenemos la noticia que uno de los grupos empresariales más importantes de Venezuela (Polar) está anunciando un cierre de su planta de cervecería (…)Vemos un 2016 complicado y está comprometido el 2017. El sector industrial está afectado; así como también el primario que sufre por el tema de los agroquímicos y las semillas. Las semillas de maíz blanco y amarillo han llegado en muy pocas toneladas para poder atender la demanda. Está por perderse el ciclo de siembra de invierno. El 2017 será un año dependiente de las importaciones. Por todos lados está la crisis. El sector comercial no puede importar, ni comprar bienes y servicios (…) No hay un sistema cambiario transparente y fluido que permita a los sectores productivos adquirir divisas para comprar materia prima y así levantar la producción y llenar los anaqueles.
—¿Y se han reunido con el Gobierno?
—No. Ningún grupo empresarial está teniendo algún tipo de acceso al Gobierno para, por lo menos, abordar técnicamente y de forma estructural los problemas del país. Las pocas decisiones que se han tomado han sido tímidas, con una progresividad lenta que no le da contundencia y eficacia a la situación del país.
—¿Cuáles son esos temas que se han abordado con el Gobierno?
—Hemos hablado del respeto a la propiedad privada, eso no se cumple, además se ha sugerido un sistema económico estable. Hay que reconocer que hay gente responsable de algunas instituciones gremiales participando dentro del Consejo Económico Productivo como Tony Pestana, (de Fedenaga), José Ricardo Álvarez, por los cañicultores; Maza Tirado de la Asociación Bancaria, pero a pesar que hay gente seria del sector privado allí, ellos no han sido escuchados y creemos que es verdad.
—El bachaqueo crece, ¿cómo frenar la especulación?
—(…)Este mercado informal está haciendo de las suyas. Estamos viendo una fórmula de lactancia materna que cuesta quizás un poco más de Bs. 200 y la venden en Bs 12.000, eso es grave. La única manera de resolver esto es con producción nacional y si eso no sucede vamos a seguir teniendo unos mercados especulativos, corrompidos, que benefician a muy pocos y perjudican al resto del país. El Gobierno sabe bien que lo hace no está funcionando, debe tomar la ruta de la rectificación.
—Voceros del Gobierno han asegurado que se les han otorgado millones de dólares a los privados…
—No están otorgando divisas. Puede ser que se las estén dando a un pequeño grupo de empresas que tratan de responder por todo lo que es la producción, la demanda de bienes y servicios. Pero que no pueden atender a todo el país(…).
—¿Cómo están operando con el Dicom y el Dipro?
—Eso no ha ayudado en nada, es más, no han cambiado el sistema. Todavía tendrían que explicar algunas pérdidas patrimoniales que está teniendo el BCV. Si el único que están transando y flotando en el Dicom es Pdvsa, de resto no hay otra empresa que conozcamos en Fedecámaras que lo esté haciendo, entonces sucede que Pdvsa le entrega los dólares al BCV en Bs. 346 que estuvo la tasa ayer (el miércoles) y Dicom se voltea a Dipro y los dólares los transa a 13 bolívares. Hay una pérdida patrimonial entre los 13 bolívares y los 346 (…).
—Fedecámaras se reunió con la Comisión de Finanzas de la AN para analizar el proyecto de Ley para la producción nacional. ¿Qué les pareció la propuesta?
—Nos parece interesante el llamado de la AN que nos convocó a nosotros, a los sindicatos, trabajadores e instituciones relacionadas con la protección a los consumidores. La ley para aumentar la producción nacional, hasta el primer proyecto que ellos introdujeron, tiene algunas deficiencias, aunque se pueden rescatar muchas cosas, poniéndoles las sugerencias del sector empresarial, las del lado de los consumidores y trabajadores.
—¿Qué aspectos deben ajustarse en esta propuesta de ley?
—Creemos que debe haber un abordaje de la coyuntura actual, eso es lo principal. Tanto la AN como los sectores productivos que pudiéramos intervenir en el diseño de esta ley convenimos que debe ser así. El modelo actual tiene completamente contraído al aparato productivo y necesitamos algo que permita destrancar esa tubería o abrirle un poco el espacio para que los procesos fluyan, sin perder el horizonte que es atender a mediano y largo plazo las soluciones estructuralmente que tienen que ver con el aparato productivo.
Hemos dicho que mientras que no haya un marco legal que fortalezca a las instituciones, a la actividad empresarial y proteja los intereses de los trabajadores y los consumidores, las cosas no van a cambiar. El gran reto va ser convencer al Gobierno de que hay otras maneras de aumentar la producción para ver unos mejores niveles de abastecimiento.
—El Gobierno culpa al sector privado de una guerra económica. ¿Usted qué opina?
—La gente que está en cola sabe que el sector privado, hoy por hoy, no es el culpable de esta crisis. Estamos intentando lo mejor. El hecho, es verdad, que existan algunos delincuentes, porque no se les puede llamar empresarios, que están especulando con la necesidad del pueblo, pero no es el sector empresarial formal.
—A qué estarían dispuestos los empresarios para resolver la crisis. ¿Hasta el Vaticano está abogando por un diálogo?
—A todo. Nuestro compromiso es con Venezuela, no con ningún gobierno o partido. Tenemos nuestros intereses en el país y le hemos apostado a Venezuela. Hemos invertido y tenemos esperanzas positivas. Hay que cambiar en el modelo económico actual, no funciona (…) El interior del país está sufriendo, desde hace tres años, de unos altos niveles de escasez y desabastecimiento, además del racionamiento eléctrico. El Gobierno trata de mantener a Caracas más protegida, pero las regiones como el Zulia, Táchira, entre otras, han sido las más afectadas.