COSTA RICA (AndeanWire, 23 de Febrero de 2016) Ana Gabriel Zúñiga Aporte.
Viceministra de la Presidencia.
Buenas, con respecto a la situación del desalojo de la finca Changuena y el Cuadrante 3, que acontece en la Zona Sur de nuestro país, nos parece fundamental rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones integrales y, con enfoque de derechos humanos, que la Administración Solís Rivera ha estado llevando a cabo de lado de las familias que se verán afectadas por este desalojo; el cual corresponde a una resolución judicial de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, que es el resultado de un proceso establecido desde año 2001 por Oscar Echeverría Heigold.
En el año 2014 nos enteramos de esta situación y es a partir de ese momento que comenzamos un proceso colectivo, de diálogo constante, en asambleas comunitarias por parte del INDER, el IMAS y la Presidencia de la República para establecer una ruta conjunta de trabajo para la atención a esta familias.
Locutora. Ante la orden de desalojo de Finca Changuena Y Cuadrante 3, hecha por un Tribunal, el Gobierno ha actuado respetuoso de los Derechos Humanos para atender la situación de las personas afectadas.
Flor Solano Salas (campesina). Muy cómodos a comparación a cómo estábamos, porque en la parcela eran ranchos. Aquí no… aquí son casitas muy cómodas.
Carlos Luis Arias (campesino). Cuando vivíamos allá en Changuena, era una vida insegura totalmente, estaba uno con esa zozobra que en cualquier momento llegara la policía a sacarnos.
Flor Solano Salas (campesina). Este proyecto… la comunidad, ya no nos vemos así como simples vecinos, sino como una gran familia.
Carlos Luis Arias (campesino). Ahora que llegamos acá vivimos en paz totalmente, una tranquilidad total.
Locutora: 34 familias recibieron viviendas temporales. Estás viviendas cuentan con acceso a electricidad, agua potable, servicios sanitarios, manejo de aguas residuales y recolección de basura.
Yamileth Barrantes (campesina). Diay, yo me siento bien. Me siento tranquila, porque tenemos compañía, vivimos varias familias juntas y podemos compartir, ya hasta me adoptaron como tía, ya me siento parte de la familia.
Flor Solano Salas (campesina). Es lindísimo, pasó de ser de que los que vivíamos en las parcelas que nos veíamos cada 8 días, aquí son reuniones en las tardes de tomar cafecito y de compartir… es muy lindo la verdad.
Tengo un amigo que dice que para verdades el tiempo y aquí estamos. Las casitas, hay electricidad, el agua y puedo ver los niños correr en las tardes felices, con una nueva esperanza. No un puente. No debajo de un plástico, ni a una una orilla de calle, aquí hay una esperanza, vamos a vivir un poquito mejor cada día.
Locutora. El IMAS brinda subsidio económico a 50 familias desalojadas y subsidio de alquiler domiciliar a otras cinco familias.
El Ministerio de Vivienda ha realizado dos jornadas informativas sobre bono familiar de vivienda y seguirá visitando la zona.
Los casos de familias desalojadas serán atendidos prioritariamente
El trabajo de esta Administración ha sido incesante y así lo ha reconocido la Sala Constitucional en una resolución reciente, donde estableció que el Poder Ejecutivo ha hecho todo lo posible para prever cualquier afectación a los derechos fundamentales de las personas afectadas por este desalojo.
Incluso el Señor Presidente de la República los recibió en agosto del año pasado, donde reafirmamos y reforzamos el trabajo conjunto, consultivo y de diálogo con las familias, para poder definir las rutas de trabajo y las medidas temporales que les íbamos a ofrecer a las personas afectadas, para la posterior transición al proyecto productivo definitivo del INDER.
Para nosotros es fundamental comprender que no somos un gobierno que hecha a la gente a la calle.
Somos un gobierno que trabaja con las familias, que trabaja por la gente, pero que se apega el Estado Derecho y es en cumplimiento de eso que seguiremos trabajando arduamente, para garantizar la seguridad y los derechos humanos de todas las personas.
El desalojo en Finca Changuena y Cuadrante 3 está suspendido por una resolución de la Sala Constitucional.
FUENTE: COSTA RICA-GOBIERNO DE COSTARICA