PERÚ (AndeanWire, 10 de Mayo de 2016) Se estima que los compromisos de inversión para el sector transporte sumarán US$22.561 millones para el quinquenio 2016-2021, donde el 60% corresponde a inversiones en ferrovías por un monto de US$14.259 millones, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.
"De este 60% sobresalen la Línea 2 del Metro de Lima (US$5.346 millones) y las Líneas 3 y 4 con inversiones estimadas de US$4.640 millones y US$4.350 millones, respectivamente, las mismas que aún no son convocadas por ProInversión", manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.
Le siguen las inversiones en carreteras de US$4.777 millones, que representan el 21% de las inversiones en el sector. Aquí destacan la Autopista del Sol Trujillo-Sullana por US$330 millones y la Red Vial N°6 Pucusana-Cerro Azul-Ica por US$294 millones, más los tramos 4 y 5 de la Longitudinal de la Sierra, ambos por US$340 millones, los que están próximos a ser adjudicados por ProInversión.
En el sector portuario (US$1.787 millones) se localizan los Terminales Norte (US$883 millones) y Sur (US$600 millones) del Callao, mientras que en aeropuertos (US$1.738 millones) se encuentran las inversiones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por US$1.062 millones y el Aeropuerto de Chincheros de US$599 millones.
INVERSIONES PENDIENTES
Respecto a las inversiones pendientes, con base en los datos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre contratos de concesión, el IEDEP estima que falta por ejecutar un monto de US$8.567 millones, de los cuales el 56% corresponde a la Línea 2 del Metro de Lima.
Al respecto, el economista manifestó que en la gran mayoría de estos proyectos los principales factores que limitan el proceso de concesiones y la marcha en su ejecución se origina en la demora por parte de los organismos reguladores en el momento de interpretar los contratos. También afectan, refiere el IEDEP, las trabas burocráticas, la lentitud por parte de Estado en culminar los procesos de expropiación de terrenos, así como la lentitud en la emisión del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, los estudios de impacto ambiental, la ausencia de organismos reguladores a niveles subnacionales, la coyuntura política o electoral y los bajos límites de endeudamiento por parte del Estado para cofinanciar los proyectos.
"Por lo expuesto, urge que el próximo gobierno supere estas limitaciones e impulse las nuevas concesiones puesto que en los tres últimos gobiernos, empezando por la actual administración, se generaron cinco por US$6.503 millones, 15 por US$2.944 millones y siete por US$3.700 millones", anotó Peñaranda.