VENEZUELA (AndeanWire, 02 de Mayo de 2016) El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que los cortes eléctricos programados y no programados, los excesivos controles de cambio y de precios, así como la reducción de la jornada laboral en el sector público, condenan al consumidor venezolano a tener menos productos.
Decidir la paralización de una línea de producción o de una fábrica es contrario a los deseos de los empresarios y de las necesidades del país. En Venezuela muchas empresas han tenido que detener sus actividades como consecuencia de un cúmulo de controles que no permiten mantener la operatividad. Y eso disminuye significativamente la posibilidad de abastecer de productos a los venezolanos y de generar y mantener los puestos de trabajo.
Así lo señaló el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Juan Pablo Olalquiaga, al ser consultado en torno a las declaraciones del Jefe de Estado en el día de ayer, según las cuales las empresas que se pararan serían tomadas por los Consejos Comunales.
El máximo líder del sector industrial del país destacó que la solución al problema de abastecimiento que sufre el país no puede ser el de recurrir a la ocupación o intervención de empresas pues ya está más que demostrado que las empresas que fueron expropiadas por el Estado, fueron destruidas por el mismo Estado. La capacidad de producción de la mayoría de esas compañías fue reducida de manera importante o simplemente fueron cerradas. Como ejemplos de mala administración citó los casos de Sidor, que hoy en día está prácticamente paralizada; las cementeras que antes incluso exportaban y ahora ni siquiera cubren la demanda nacional y las empresas del sector eléctrico, que antes prestaban un servicio de alta calidad y hoy en día nos tienen sometidos a apagones intempestivos y cada vez más frecuentes.
Sobre este último punto, el presidente de Conindustria manifestó que el racionamiento eléctrico que se está aplicando en el país es absolutamente injustificable para un país que montó un sistema de producción, generación y distribución de electricidad para una sociedad que iba creciendo. A su juicio, esto demuestra que se perdió la capacidad de planificar.
Adicionalmente, apuntó que el impacto del racionamiento eléctrico sobre las empresas es enorme porque cuando se producen cortes no programados del servicio –además de los programados- se producen pérdidas de productos que se quedan en las líneas de producción. A esto hay que agregar la reducción de la jornada laboral en el sector público que también tiene efectos negativos sobre la producción privada por cuanto se retrasas los permisos como Certificados de No Producción (CNP), los de Sencamer para los envases, el acceso a registros y notarías para mantener la operatividad de las empresas y acceder a préstamos de la banca. “Con esta situación de restricciones y controles, estamos condenando a la población venezolana a tener menos bienes que consumir”.
Olalquiaga insistió en que las empresas venezolanas no producen más porque el gobierno con sus controles las paraliza, las estanca. “Lo que tenemos que ver ahora es cómo ponemos a las empresas a producir; hay que buscar soluciones y está claro que las tomas de empresas no apuntan en ese camino sino que generan más problemas para los consumidores y los trabajadores. Tenemos que producir más, no podemos seguir viviendo de las importaciones”.
Por otra parte, reiteró que Conindustria presentó una propuesta de cinco puntos para reactivar en el corto plazo la producción, que son: titularización de la deuda para pagar a los proveedores internacionales y poder adquirir materia prima e insumos; flexibilizar los controles de precios y de cambio; devolución de las empresas actualmente en manos del Estado al sector privado y la restitución de la Ley de Ciencia y Tecnología a su espíritu original. Sin embargo, el gobierno se ha hecho de oídos sordos ante estos planteamientos.
A juicio de Olalquiaga es urgente e imperativo que se tomen los correctivos necesarios para poner a producir a las empresas. Es necesario entender que el cierre de líneas de producción está afectando no solo a los dueños de empresarios, sino más bien y con mucha intensidad a los consumidores que ya no tienen acceso a los productos que requieren para satisfacer sus necesidades y a los trabajadores que están perdiendo su capacidad adquisitiva y su calidad de vida.